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(San Juan, Puerto Rico- 6 de febrero 2019)- “Si es bueno para los bonistas, no es bueno para Puerto Rico y su gente”. Así lo aseguro Luis Pedraza Leduc, Coordinador del Programa de Solidaridad UTIER, al reaccionar a la decisión de la Jueza federal Laura Taylor Swain con relación a su aprobación del Acuerdo y el Plan de Ajuste de Deuda para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), sometido por los bonistas y la Junta de Control Fiscal (JCF) en diciembre de 2018, el cual contó con el aval del gobierno de Ricardo Rosselló.
PROSOL UTIER presentó en la vista en el Tribunal federal el pasado 16 de enero una objeción a ese Acuerdo y Plan de Ajuste de Deudas de COFINA basado en tres argumentos fundamentales. Primero, que el Plan de Ajuste no garantiza fondos suficientes para cubrir el pago de pensiones; segundo, que ese Plan no es en el mejor interés del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y tercero, que el plan no cumple con los requisitos que establece la Ley PROMESA para su confirmación, en específico el garantizar los servicios esenciales. Esas objeciones fueron validadas por un estudio del economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayaguez, José Alameda, el cual le fueron entregado a la jueza Taylor Swein en la vista.
El dirigente obrero destacó que, “en la presentación ante el Tribunal del estudio económico de Alameda, la jueza no quiso admitirlo como evidencia para evitar confrontarse con argumentos científicos y documentados que de ser considerados no permitirían validar el acuerdo”. Acusó a la Jueza de “descarrilar un proceso serio para convertirlo en una decisión acomodada al propósito de la Ley PROMESA y al cobro de la deuda sin importar las consecuencias sociales y económicas que serán nefastas para el pueblo”.
Pedraza Leduc detalló que “el estudio de Alameda señaló como error de la JCF el asumir que la economía va a crecer basado en fondos federales por el desastre del Huracán María que no serán recurrentes, proyectar aumentos en el recaudo del IVU sin considerar la baja en la población debido a la emigración, obviar los hallazgos del Plan Fiscal que reconocen un déficit de ingresos desde el año fiscal 2034 hasta el 2058; y el impacto que tendrá esa reducción en el recaudo, debido a la reforma contributiva propuesta”.
Por ello, Pedraza Leduc enfatizó que “la decisión de la jueza sobre COFINA no representa nada positivo para el país. Por el contrario, es una sentencia hacia la miseria, pone en riesgo las pensiones de los jubilados y limita los servicios esenciales que el gobierno debe garantizarle al pueblo”.
Indicó además que “la reciente revocación por parte del Tribunal federal a una decisión de la jueza Taylor Swein, que implicaba aumentar la deuda en más de tres millones, es un elemento que demostró cómo se continúan comprometiendo los limitados ingresos del país en favor de los bonistas y en contra del pueblo”. Lo cual, argumentó, que “de cara a julio de 2019 se intentarán comprometer aún más en favor de una deuda ilegal, no auditada, que no debe reconocerse como legítima ni debe ser pagada por el pueblo de Puerto Rico.”
Para PROSOL UTIER, indicó Pedraza Leduc, “el aval del Tribunal era previsible y demuestra una vez más la necesidad de que el pueblo exprese contundentemente su oposición a la Ley PROMESA y al pago de una deuda que cada día aumentará en perjuicio de las pensiones, los empleos de los trabajadores, los servicios de educación, salud, vivienda y protección social, entre muchos otros que continuarán en deterioro de nuestra vida”.
Las dificultades laborales que enfrentan decenas de trabajadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) fueron confiadas a los Santos Reyes Magos, a través de una promesa que nació hace más de ocho años.
Aunque la tradición inició frente a la Casa Wiechers Villaronga, estructura que se transformó en recipiente del imponente altar, los aguinaldos ahora se entonan en la sede del Centro Cultural Carmen Solá de Pereira, ubicado en la calle Cristina #70 de Ponce.
Allí se realizará la octava edición de esta Promesa a los Reyes Magos, convocada para el viernes, 25 de enero a partir de las 7:00 de la noche.
Sí, Islandia es el mejor país en el mundo para las mujeres. Esto no es una frase utópica ni una exageración, sino una afirmación contrastada por el World Economic Forum. Desde el primer día de 2018, este país ha elevado su objetivo hasta convertirse en el modelo a seguir en cuestiones de igualdad: se ha convertido en el primero en prohibir por ley que los hombres puedan cobrar más que las mujeres en trabajos de la misma categoría.
Esta ley entró en vigor el pasado 1 de enero y establece que la diferencia salarial por género es ilegal tanto en empresas privadas como en públicas de más de 25 trabajadores. Para ello, el gobierno someterá a auditorías a las compañías, estableciendo sanciones para las que incumplan la medida y exigiendo a todas un “certificado de igualdad salarial”.
Expertos en igualdad de género se han felicitado por la medida y esperan que la legislación islandesa anime otros países para abordar esta lacra. Subrayan, además, la necesidad de combatir la falta de políticas a favor de las mujeres a escala global.
Aun queda un largo camino por recorrer. La primera ministra, Katrin Jakobsdottir, marca 2022 como fecha para acabar con la brecha salarial en un país en el que, pese a estar por encima de la media, sólo el 38% del parlamento está constituido por mujeres.
Un informe publicado por el Foro Económico Mundial en noviembre de 2017 resalta que Islandia encabeza el ránking mundial en igualdad de género. Esta posición, según apunta el estudio, se alcanza gracias a una “acción colectiva y a la solidaridad de las defensoras de los derechos humanos, la voluntad política y herramientas como la legislación, un presupuesto de género y las cuotas”.
Las claves
“El éxito se puede atribuir a que las mujeres asumen el poder y crean alternativas a las ‘verdades’ dominantes masculinas y hacen visibles las realidades invisibles de las mujeres, sobre todo las prácticas discriminatorias, incluido el acoso y el abuso sexuales”, apunta el organismo.
El informe acaba destacando que “el progreso de Islandia se puede atribuir a que las mujeres y los hombres comparten el poder entre ellos como responsables de la toma de decisiones” y que, además, cada vez “más hombres apoyan la igualdad de género”.
Los diputados belgas aprobaron hoy por amplia mayoría una ley que apunta a luchar contra los llamado "fondos buitre", que no podrán reclamar ante la justicia belga el cobro de deuda en default de países en dificultades por su valor de emisión.
Según la nueva ley, aprobada por los diputados de nueve de las principales formaciones políticas del reino, los jueces belgas podrán determinar si un fondo puede ser considerado como "buitre".
Si así lo determina el juez, el fondo en cuestión sólo podrá recuperar lo que pagó por la compra de los bonos, y no podrá aspirar a cobrar su valor de emisión.
Esta nueva ley dará la posibilidad al juez de rechazar la ejecución de una decisión judicial emitida en el extranjero, un elemento de importancia para Bélgica, país en donde tiene su sede Euroclear, una cámara de compensación financiera por la que transita la mayoría de las transacciones financieras mundiales.
En marzo, el juez de Nueva York Thomas Griesa ordenó a Euroclear bloquear los pagos emitidos por Argentina mientras que el país no salde su deuda con los fondos que rehusaron entrar en la reestructuración de la deuda de 2005 y de 2010.
Un total de 7% de los tenedores de bonos impagos desde el default de 2001 no entraron en esos canjes efectuados por Argentina con importantes quitas. El fondo NML Capital y el fondo Aurelius, entre otros querellantes, litigan en los tribunales de Nueva York para obtener el pago de la totalidad del valor de los bonos.
En un comunicado, el diputado socialista que impulsó la ley, Ahmed Laaouej, celebró la "victoria contra los buitres de las finanzas", a pesar de "las fuertes presiones de varios grupos de presión nacionales e internacionales".
"Estas presiones eran de los representantes de la finanza estadounidense y de bufetes de negocios presentes en Europa que defienden los intereses de algunos clientes, los fondos buitre", precisó el diputado socialista a la AFP.
"Deseamos lanzar una verdadera dinámica europea a la espera de una legislación internacional. Pero se trata también de un paso importante hacia más ética financiera: esta ley constituye una señal fuerte a los fondos de inversión poco escrupulosos que especulan de manera innoble", agregó.
