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(San Juan, Puerto Rico- 6 de febrero 2019)- “Si es bueno para los bonistas, no es bueno para Puerto Rico y su gente”. Así lo aseguro Luis Pedraza Leduc, Coordinador del Programa de Solidaridad UTIER, al reaccionar a la decisión de la Jueza federal Laura Taylor Swain con relación a su aprobación del Acuerdo y el Plan de Ajuste de Deuda para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), sometido por los bonistas y la Junta de Control Fiscal (JCF) en diciembre de 2018, el cual contó con el aval del gobierno de Ricardo Rosselló.
PROSOL UTIER presentó en la vista en el Tribunal federal el pasado 16 de enero una objeción a ese Acuerdo y Plan de Ajuste de Deudas de COFINA basado en tres argumentos fundamentales. Primero, que el Plan de Ajuste no garantiza fondos suficientes para cubrir el pago de pensiones; segundo, que ese Plan no es en el mejor interés del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y tercero, que el plan no cumple con los requisitos que establece la Ley PROMESA para su confirmación, en específico el garantizar los servicios esenciales. Esas objeciones fueron validadas por un estudio del economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayaguez, José Alameda, el cual le fueron entregado a la jueza Taylor Swein en la vista.
El dirigente obrero destacó que, “en la presentación ante el Tribunal del estudio económico de Alameda, la jueza no quiso admitirlo como evidencia para evitar confrontarse con argumentos científicos y documentados que de ser considerados no permitirían validar el acuerdo”. Acusó a la Jueza de “descarrilar un proceso serio para convertirlo en una decisión acomodada al propósito de la Ley PROMESA y al cobro de la deuda sin importar las consecuencias sociales y económicas que serán nefastas para el pueblo”.
Pedraza Leduc detalló que “el estudio de Alameda señaló como error de la JCF el asumir que la economía va a crecer basado en fondos federales por el desastre del Huracán María que no serán recurrentes, proyectar aumentos en el recaudo del IVU sin considerar la baja en la población debido a la emigración, obviar los hallazgos del Plan Fiscal que reconocen un déficit de ingresos desde el año fiscal 2034 hasta el 2058; y el impacto que tendrá esa reducción en el recaudo, debido a la reforma contributiva propuesta”.
Por ello, Pedraza Leduc enfatizó que “la decisión de la jueza sobre COFINA no representa nada positivo para el país. Por el contrario, es una sentencia hacia la miseria, pone en riesgo las pensiones de los jubilados y limita los servicios esenciales que el gobierno debe garantizarle al pueblo”.
Indicó además que “la reciente revocación por parte del Tribunal federal a una decisión de la jueza Taylor Swein, que implicaba aumentar la deuda en más de tres millones, es un elemento que demostró cómo se continúan comprometiendo los limitados ingresos del país en favor de los bonistas y en contra del pueblo”. Lo cual, argumentó, que “de cara a julio de 2019 se intentarán comprometer aún más en favor de una deuda ilegal, no auditada, que no debe reconocerse como legítima ni debe ser pagada por el pueblo de Puerto Rico.”
Para PROSOL UTIER, indicó Pedraza Leduc, “el aval del Tribunal era previsible y demuestra una vez más la necesidad de que el pueblo exprese contundentemente su oposición a la Ley PROMESA y al pago de una deuda que cada día aumentará en perjuicio de las pensiones, los empleos de los trabajadores, los servicios de educación, salud, vivienda y protección social, entre muchos otros que continuarán en deterioro de nuestra vida”.
Las dificultades laborales que enfrentan decenas de trabajadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) fueron confiadas a los Santos Reyes Magos, a través de una promesa que nació hace más de ocho años.
Aunque la tradición inició frente a la Casa Wiechers Villaronga, estructura que se transformó en recipiente del imponente altar, los aguinaldos ahora se entonan en la sede del Centro Cultural Carmen Solá de Pereira, ubicado en la calle Cristina #70 de Ponce.
Allí se realizará la octava edición de esta Promesa a los Reyes Magos, convocada para el viernes, 25 de enero a partir de las 7:00 de la noche.
PROSOL-UTIER llevó ante el Tribunal federal este estudio del economista José Alameda, en la vista del pasado miércoles 16 de enero, la cual se citó para escuchar las opiniones a favor y en contra del acuerdo entre la JCF y COFINA, el cual cuenta con el aval del gobernador Ricardo Rosselló y tiene en contra amplios sectores del pueblo.
La jueza Laura Taylor Swein no aceptó que Alameda, quien compareció al Tribunal para explicar el estudio, revelara en la vista los hallazgos de ese estudio, los cuales evidencian la incapacidad que tendrá el Estado de cumplir con el acuerdo de COFINA y de otros acreedores, si se utiliza el mismo modelo. Aún así aceptó copia del estudio.
Este estudio de Alameda es el único documento científico que se ha preparado al respecto..
(San Juan, Puerto Rico- 13 enero 2019)- El alcalde de Guánica, Santos Seda Nazario pretende privatizar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Juan M. Santiago, ocultando el contenido del acuerdo al que pretende llegar, fallido ya en dos ocasiones anteriores con distintos privatizadores. En esta ocasión el intento es con la Clínica Yagüez, Inc. y su representante Carlos Huertas.
La Asamblea Municipal de Guánica ha sido citada por el alcalde para este lunes 14 de enero, sin haber mostrado el contrato que pretende sea aprobado, que por lo poco que indica en el Proyecto de Ordenanza número 12 se inclina a un fracaso aún mayor que las dos ocasiones anteriores.
“Recomendamos a la Asamblea Legislativa municipal de Guánica que evalúen las dos experiencias pasadas de privatizar el CDT y que ausculten la obligaciones a las que pretende obligar el alcalde Seda Nazario al municipio con un nuevo intento de privatización del CDT, ya que ese municipio está demandado en los tribunales por alegada deuda con el privatizador contratado en diciembre de 2017. Deben cuestionarlo en esta ocasión con todos y cada uno de los detalles del contrato como medida cautelar, ya que la privatización del CDT implica la pérdida de ingresos para el municipio y el despido de empleados”, alertó el coordinador de PROSOL-UTIER, Luis Pedraza Leduc, representante de los trabajadores del CDT municipal.
Pedraza Leduc se refirió en que “el proyecto de Ordenanza número 12 que ha presentado el alcalde de Guánica a la Asamblea Municipal, se realiza contraria a cualquier norma básica de participación y democracia y lo hace de espaldas del pueblo, ya que no es precedida por vistas públicas ante tantas interrogantes. Indicó que de acuerdo a lo poco que contiene la ordenanza en cuanto al contrato, ésta condiciona el pago total de la renta que debe pagar el privatizador al municipio a que éstos reciban 2,000 visitas de pacientes al mes, cuando en la actualidad no sobrepasan 60 las visitas diarias. Igualmente el municipio se compromete a pagar la luz y el agua que utilice el privatizador, a cederle los equipos allí existentes y a que la compañía privada contrate los empleados que necesite, sin que se conozcan detalles adicionales que garanticen los derechos de los empleados y los ingresos del municipio.
El coordinador de PROSOL- UTIER resaltó que siendo éste el tercer intento de privatizar las operaciones del CDT, el alcalde Seda Nazario no ha explicado las razones por las que ha cambiado de proveedor o entidad privatizadora, ni ha dicho las razones por las que las condiciones y términos de contratación cada vez son más onerosas para el municipio. Por ello afirmó que “este nuevo proyecto de ordenanza municipal provoca muchas más interrogantes, las cuales justifican realizar un proceso de vistas públicas para investigar y estudiar las consecuencias que tendría esta nueva propuesta”.
La primera vez que el alcalde Seda Nazario intentó privatizar el CDT resultó un fracaso, evidenciado en un reclamo de deuda por parte de la compañía Solar Heath Care al alcalde, asunto que aún está pendiente en el tribunal.
La segunda ocasión fue con Guánica Medical Center, LLC., empresa incorporada un mes antes de que el alcalde impulsara el acuerdo con su incorporador, doctor Edrick Ramírez. Fue tras las denuncias de PROSOL-UTIER que se supo que el doctor Ramírez fue uno de los médicos involucrados en el escándalo de fraude de votantes encamados en las pasadas elecciones, el cual a su vez tenia cuestionamientos en cuanto a su proceder con los pacientes. Fue además gracias a la movilización de los empleados del CDT afiliados a PROSOL-UTIER y la alerta que éstos denunciaron a los asambleístas municipales, que ese nebuloso proceso se logró detener.
PROSOL-UTIER ha convocado a los empleados del CDT de Guánica a estar presentes el lunes 14 de enero en la reunión de la Legislatura Municipal, convocada a las 7:00 pm, para exigir que no se apruebe la ordenanza 12 y que en su lugar se realicen vistas públicas, convocadas con tiempo razonable, para escuchar ponencias sobre todo el proceso de privatización y las implicaciones que tendrá esta nueva cuestionable propuesta del alcalde. Además, para exigir que se incluya en las vistas públicas el investigar las experiencias previas de privatización y las obligaciones a las que propone que se someta en esta ocasión cada parte..
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De izq a derecha: Por la Union, Angel Yoel Soto Villodas, Eduardo Colon Ofray, Luis Pedraza Leduc, Por el patrono, Eugenio Guerra Valdes, Lic. Miguel Palou Sabater y Yanira Morales.
