Por Luis Pedraza Leduc

En la década de 1970 el modelo económico aplicado en Puerto Rico comenzó a dar señales de agotamiento. Los gobernantes recurrieron a tomar prestado para poder continuar respaldando ese modelo económico que estaba basado en la inversión privada, exenciones contributivas y transferencias federales. Fue así como la deuda pública fue aumentando, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, hasta llegar a la suma de $72 mil millones, sin considerar la deuda que surge de los sistemas de retiro que haciende a otras $50 mil millones adicionales.

A estos hechos se añaden decisiones políticas y económicas contrarias al bienestar de la mayoría del país, actos de corrupción, y sobre todo, la ausencia de poder político debido a la realidad colonial que padecemos. Es en este contexto que toma fuerza, como respuesta la receta neoliberal que propone la reducción del gobierno, la privatización del sector público y la desregulación. Así, para la década de 1980 vemos los intentos de vender la Telefónica, las Navieras y la privatización de la administración de los residenciales públicos. En los años de 1990 se vendieron los hospitales públicos y se privatizó el sistema de salud, se vendió la Telefónica, tierras agrícolas, hoteles y otros activos.

La llegada del 2000 no trajo nuevas noticias. El aumento de la desigualdad mientras se acumulaba mayor riqueza en manos de empresas y familias adineradas que no residen en el país, es decir, el capital extranjero. Las principales empresas netamente puertorriqueñas se limitaron a ser intermediarios de ese capital extranjero, que extraen de Puerto Rico cada año más de $30 mil millones en ganancias.

Entonces aparecieron los impuestos al consumo como alternativa complementaria a tomar prestado. Para el año 2009 representantes de la banca y empresas privadas se unieron a los gobernantes para mediante legislación, la Ley 7, proponer el despido de 30 mil empleados públicos, congelar los convenios colectivos y reducir beneficios negociados. Surgieron las alianzas públicas privadas y leyes para eliminar procesos de permisos. Mientras la deuda pública se dispara en alzada con el apoyo del gobierno federal y se instrumentaba con el consejo de bancos y casas de corretaje.
La crisis económica continua y los asesores traídos de la escuela neoliberal insistían en reducir el gobierno, la privatización, imponer nuevos impuestos y eliminar servicios esenciales en educación y salud. Se aprueba entonces la continuación de la Ley 7, la llamada Ley 66. Se basó en la receta de que la crisis la paguemos los trabajadores. Continuó la congelación en el sector público de todos los convenios, la prohibición de la negociación colectiva, la privatización de carreteras, aeropuertos y puertos marítimos entre otros.

Así llegamos la aprobación de la Ley PROMESA, ante el reconocimiento de la realidad de que no puede pagarse la deuda pública. PROMESA se aprueba con la anuencia y apoyo de los principales partidos en Estados Unidos y Puerto Rico. Bajo un alegado estado de emergencia, el gobierno estadounidense impuso una Junta de Control Fiscal que viene a cobrar la deuda a la clase trabajadora y al país. Para lograrlo han utilizado restrictivos en toda la legislación laboral del sector privado, la propuesta de eliminar y privatizar las agencias de gobierno, la intención de privatizar la industria de la energía con la excusa de buscar formas de energía renovable, la eliminación de escuelas y servicios médicos, la imposición de $1,500 millones en nuevos impuestos, el ataque a la UPR, la eliminación de los sistemas de pensiones del gobierno, la reducción de pensiones, de la jornadas de trabajo, eliminación de bonos y beneficios negociados y el despido de empleados públicos.

Así las cosas, el más reciente atentado contra la clase trabajadora y sus familias es la intención de uniformar una aportación patronal a los planes médicos que suscribimos los trabajadores del sector público. La realidad es que la mayoría de los empleados han logrado cubiertas de servicios y aportaciones patronales superiores a la ley, gracias a la negociación colectiva. Por tanto, se propone reducirnos servicios y salarios al obligar al trabajador a cubrir la diferencia que surja de la alegada “uniformidad” de la aportación patronal.

Aspiramos para nosotros como trabajadores y para nuestras familias la mayor cubierta de servicios médicos. La salud es un derecho, no un negocio. En la medida que el gobierno recurre a los planes privados como intermediarios para sostener el servicio de salud, existe la obligación del patrono de asumir el costo de ese servicio. Eso lo hemos logrado a través de la negociación colectiva.

Hoy, los trabajadores organizados en sindicatos decimos BASTA YA ante este asalto a nuestra salud, contra nosotros y nuestras familias. Esta expresión no es un grito de desesperanza, es una reflexión que nos debe llevar a tomar conciencia de la necesidad de luchar, de organizarnos mejor para Vencer frente a la Junta, la Ley PROMESA y las clases adineradas y gobernantes que no representan los mejores intereses del país.

Otros sectores van reconociendo que nuestro problema es político y lo representa la imposición de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. No debe haber duda. Es momento de unidad y de luchar por nuestros derechos.