San Juan, PR – El Plan de Desarrollo que el gobernador Luis Fortuño recién anuncia no incluye ideas ni propuestas novedosas. Es el plan que desde finales de la década del 1988 están proponiendo las principales agrupaciones de patronos y empresas en Puerto Rico. Privatización de los bienes públicos, desregulación de todo proceso de permiso para construir, invertir, respecto a deberes contributivos sobre las ganancias y otras áreas y finalmente la reducción del gasto público, es decir, despidos de empleados públicos.

Así lo afirma el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha, FASyL, que destaca la secretividad que el gobernador insiste en utilizar cuando de asuntos que tienen que ver con fondos públicos se trata. “El llamado borrador del Plan de Desarrollo es confidencial hacia el Pueblo pero es compartido con los economistas y asesores de los principales grupos de poder económico del país” expresó Luis Pedraza Leduc, portavoz del FASyL.

“Aún más, la pregunta es qué asesores prepararon dicho plan, ¿los abogados de los futuros inversionistas, los miembros del CAREF o los ayudantes del gobernador que están bajo investigación por el Departamento de Justicia?”, preguntó Pedraza Leduc.

El FASyL sostiene que este Plan de Desarrollo secreto, que usa de herramientas la Ley 7 para despedir empleados e intentar destruir el movimiento sindical, que aprueba la ley de las Alianzas Públicas Privadas para adelantar la privatización, ahora propone reformas laborales y contributivas para seguir privilegiando a las grandes empresas multinacionales frente a los trabajadores y los pequeños comerciantes.

Añade que en el contexto del llamado Día del Trabajo, es irónico que la legislatura este discutiendo como reducir el salario de los trabajadores un día de descanso para privilegiar a las grandes empresas. Según el FASyL, para las pequeñas empresas el gobierno les crea condiciones en desventaja para acelerar su desaparición frente a las multinacionales cuando a estas últimas pretende excluirlas de la paga doble o de un pago fijo por hora al trabajador. El FASyL respalda la paga doble para toda empresa que funcione en un día de descanso.

Las enmiendas de la Ley de Cierre es el principio de una reforma laboral que pretende revisar toda la legislación protectora del trabajo que incluye la jornada de trabajo, protección a madres obreras, trabajadores migrantes, medidas contra el despido injustificado, licencias de maternidad, protección contra el discrimen, bono de navidad, sistemas de retiro y pensión, salud y seguridad y otras áreas que aplican a la mayoría de los trabajadores que no cuentan con una organización sindical y un convenio.

Esta reforma laboral, acompañada por reformas contributivas, en el área de energía, educación, seguridad pública y seguridad social van a ser implantadas en conjunto con una reorganización gubernamental que va de la mano con la estrategia de las Alianzas Públicas Privadas.

Pedraza Leduc sostiene que la contratación de la empresa Macquarie Capital Advisers como consejera para desarrollar las Alianzas Públicas Privadas contiene un conflicto ético ya que dicha compañía representa los intereses de las empresas multinacionales que vendrán a proponer proyectos privados. Dicho conflicto perjudica al Pueblo, no así al gobierno de Luis Fortuño que interpreta “que así debe ser la vida” y sobre todo Puerto Rico, como propiedad de los empresarios.

Ante los planes que se insisten en desarrollar, el FASyL se reafirma que todos los esfuerzos de las organizaciones sindicales, comunitarias, sociales y políticas deben ir dirigidos a detener el plan del gobierno mediante el fortalecimiento de la unidad para poder desarrollar una Huelga General en todo el país que logre detener los planes de estas compañías y el gobierno.

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