Poco a poco se va desmantelando la farsa creada por la administración Fortuño para justificar el despido de empleados públicos, promover la privatización de servicios públicos y la desregulación de los procesos de permisos, uso de terrenos y otros. La mentira de la crisis creada por los alegados 11 mil nombramientos y transacciones de personal hechos en el año 2008 se viene abajo cuando la propia Oficina de Recursos Humanos del ELA reconoce apenas 1,035 transacciones.

Otros problemas en el manejo de las cifras surgen cuando se tratan de explicar el número de empleados a ser despedidos para reducir el gasto público. No cuadran los años de servicio, así como tampoco cuadran quienes deben ser despedidos según la Ley 7.

Ahora resulta que deben ser notificados de su antigüedad cerca de 20,000 trabajadores cuando para el 6 de noviembre este apenas llegaba a 12,000. La realidad es que los despidos no responden a un estudio serio y racional basado en las necesidades de la administración pública. Por el contrario los despidos se justifican en la medida que permiten o justifican un negocio.

Despedir trabajadores públicos ha significado que agencias de publicidad se encarguen de promover las justificaciones del gobierno y manejar su imagen ante la opinión pública. Despedir trabajadores públicos ha significado la contratación de empresas privadas para orientar sobre derechos y servicios que supuestamente se les dará a los trabajadores desplazados. Despedir trabajadores públicos ha significado que instituciones con fines de lucro, relacionadas con servicios de salud mental, atiendan más pacientes y aumenten su facturación. Despedir trabajadores públicos ha significado al Plan Triple S poder facturar por un grupo asegurado que como proveedor en el gobierno central no tenía ni era preferido por sus altos costos.

El anuncio de los despidos promueve que las empresas privadas propongan mediante la subcontratación proyectos que sustituyan totalmente o en parte una agencia de gobierno. Ya sea mediante servicios de limpieza y mantenimiento, o a través de la sustitución de funciones delegadas anteriormente al servicio público como lo pueden ser las funciones del Departamento de Obras Públicas o de Hacienda, o mediante la compra de servicios profesionales de abogados, trabajadores sociales u otro medio, la realidad es que nuevas empresas dirigidas por personas ligadas al partido en el poder están siendo favorecidas.

Detrás de los despidos está la verdadera motivación, la privatización de las principales empresas públicas. La Autoridad de Energía Eléctrica, el Fondo del Seguro del Estado, Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Compensación por Accidentes de Automóviles y otras empresas públicas son las joyas de la corona.  Existen otros sectores tan estratégicos en el gobierno central como lo son Salud, Educación y Vivienda entre otros. Todas estas empresas públicas o centros de servicio son una gama de oportunidades para hacer dinero fácil. Es el lucro lo que mueve a la empresa privada, no el servicio, ni los derechos de un Pueblo.

Todo lo anterior está basado en un criterio ideológico que motiva a los empresarios que no le importan los símbolos patrios, ni los reclamos colectivos, de índole social o de derechos civiles. Para ellos solo importa el capital. Hacer más y poseer más capital.

Así comenzó y finaliza el 2009. Con el anuncio de una crisis inventada para promover la privatización. El cuento es tan pesado que le tomará el próximo año y muchos más en poder hacerlo realidad. El Pueblo va reconociendo la injusticia, la desigualdad y sobre todo la mentira sobre la cual se montó la crisis y sus “soluciones”. Poco a poco vamos construyendo la oposición que necesitamos para vencer. El 2 de enero de 2010 vamos todos y todas a Fortaleza a repudiar el primer año del gobierno de ricos que representa Luis Fortuño. Vamos a repudiar su política económica. Él no quiere recibir al Pueblo y suspende el tradicional saludo protocolar. El Pueblo no necesita de un protocolo para decir NO a los despidos, decir NO a la privatización, decir NO a las injusticias.

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