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You are here PROYECTO DE SOLIDARIDAD PROSOL-UTIER Carreteras En riesgo el empleo de 1,600 trabajadores de la ACT a cambio de un botín político de contratos millonarios

En riesgo el empleo de 1,600 trabajadores de la ACT a cambio de un botín político de contratos millonarios

San Juan, PR - La firma de un acuerdo entre la Autoridad de Alianzas Públicas Privadas y la Autoridad de Carreteras y Transportación con el propósito de ceder mediante contratos de alquiler las autopistas de San Juan a Ponce (#52), de Salinas a Guayama (#53), San Juan a Guaynabo (#2) y de San Juan a Río Grande (#66) representan la posible pérdida o desplazamiento de doscientos puestos de trabajo, el agravar la situación económica de la agencia con respecto sus obligaciones y crear una mina de jugosos contratos millonarios a expertos, peritos, asesores y consultores para estudios de deseabilidad y conveniencia, servicios de evaluación o cualquier otro tipo de servicios relacionados con el proyecto de alquiler de las autopistas.

Estimamos la pérdida o desplazamientos de 200 puestos de trabajo directos de acuerdo a los empleados que actualmente trabajan en las autopistas. La experiencia de privatizar las autopistas 22 y 5 provocó que empleados residentes en la zona central y norte del país tuvieran que trabajar en municipios de Caguas, Humacao o Ceiba. Esta situación reduce los ingresos de los empleados ante un aumento de gastos y provoca renuncias y desdichas familiares. No obstante, siendo las autopistas el corazón de las actividades de la agencia, no sería exagerado plantear que están en riesgo los cerca de 1,600 puestos de trabajo en la ACT.

La situación económica de la agencia se agrava porque existen obligaciones (deuda) que dependen para ser pagadas del ingreso de los peajes. La experiencia nos dice que si estos ingresos se traspasan a la empresa privada, las obligaciones y deudas de la agencia permanecen en la agencia, provocando un endeudamiento mayor que asume nuestro pueblo. Actualmente la agencia compromete cerca de 130 millones anuales de lo recaudado en los peajes a la deuda de la ACT.

Por otro lado, es cuestionable que el acuerdo abra la puerta a contratos millonarios, a un año del proceso eleccionario. La estructura política partidista que existe en la ACT, la experiencia de otorgar contratos a amigos y ex empleados gerenciales de la ACT nos obliga a dudar de la transparencia y legitimidad de estos acuerdos.

Como representantes sindicales de los empleados de la ACT, PROSOL UTIER exige la cancelación de este acuerdo y el cese de toda actividad de privatizar servicios que ofrecen los empleados unionados y gerenciales de la ACT. Hemos sido consistentes en reclamar que se investiguen las finanzas de la ACT para determinar quien aprobó los préstamos de más de 2,000 millones con el Banco Gubernamental de Fomento. Que se investigue que se ha hecho con el dinero recaudado con las “crudita I y II”; que se impongan responsabilidades a quienes han administrado mal la ACT.

El momento exige poner la ACT en manos de los empleados, no en favorecer a la empresa privada mediante contratos de estudios y alquiler de las autopistas. El momento requiere ampliar los servicios públicos de transportación fuera del área metropolitana, con servicios eficientes y consistentes. No hay nada que la empresa privada pueda hacer que el gobierno no pueda hacer mejor.

Nuestra organización se reunirá de emergencia el sábado 12 de septiembre de 2015 en Guayama para orientar a los trabajadores y diseñar las actividades dirigidas a evitar que nos privaticen las autopistas. Si permitimos que nos eliminen la razón de ser de la agencia, todos y todas perderemos nuestros empleos.

 

Tel. (787)724-6118 / 724-6119    Fax. (787)724-6149 PO BOX 9063,  San Juan, PR 00908