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Las dificultades laborales que enfrentan decenas de trabajadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) fueron confiadas a los Santos Reyes Magos, a través de una promesa que nació hace más de ocho años.

Aunque la tradición inició frente a la Casa Wiechers Villaronga, estructura que se transformó en recipiente del imponente altar, los aguinaldos ahora se entonan en la sede del Centro Cultural Carmen Solá de Pereira, ubicado en la calle Cristina #70 de Ponce.

Allí se realizará la octava edición de esta Promesa a los Reyes Magos, convocada para el viernes, 25 de enero a partir de las 7:00 de la noche.

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PROSOL-UTIER llevó ante el Tribunal federal este estudio del economista José Alameda, en la vista del pasado miércoles 16 de enero, la cual se citó para escuchar las opiniones a favor y en contra del acuerdo entre la JCF y COFINA, el cual cuenta con el aval del gobernador Ricardo Rosselló y tiene en contra amplios sectores del pueblo. 


La jueza Laura Taylor Swein no aceptó que Alameda, quien compareció al Tribunal para explicar el estudio, revelara en la vista los hallazgos de ese estudio, los cuales evidencian la incapacidad que tendrá el Estado de cumplir con el acuerdo de COFINA y de otros acreedores, si se utiliza el mismo modelo. Aún así  aceptó copia del estudio.


Este estudio de Alameda es el único documento científico que se ha preparado al respecto..

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Si a usted le preocupa el futuro de sus hijos e hijas, nietos y nietas separe la fecha del 16 de enero.

El miércoles 16 y jueves 17 de enero de 2019 se atenderá en el Tribunal Federal en Hato Rey las objeciones radicadas por sindicatos, cooperativas y otros sectores interesados en que el acuerdo entre la Junta de Control Fiscal, el gobierno y los bonistas de COFINA NO sea validado por la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico.

PROSOL UTIER es una de las partes que hemos objetado este acuerdo y estamos convocando junto a otros sectores a una manifestación este próximo 16 de enero frente al Tribunal federal en la calle Chardón en Hato Rey, para dejarle saber a la jueza nuestro rechazo como pueblo a ese acuerdo.

Ese acuerdo, de la manera que está, será un compromiso por 40 años. Por eso lo objetamos. Porque además, según pasen los años, el pago mensual será mayor, de modo que al final pagaremos la deuda más de tres veces. Y la pagaremos no solo nosotros, también nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.

Las objeciones que plantearemos ante la jueza los días 16 y 17 de enero se refieren a que ese acuerdo garantiza como prioridad el pago mensual a la deuda de COFINA con los recaudos del IVU, o sea, mediante el consumo diario de cada uno de nosotros. Es decir, que mientras creemos que pagamos un impuesto al consumo para mejorar las arcas del gobierno y el ofrecimiento de servicios públicos, la verdad es que pagamos en primera instancia a los bonistas y lo que sobre será lo que se destine a otras prioridades del gobierno entre las que están, otras deudas garantizadas a otros bonistas. Y es solo luego de todo esos pagos, si es que sobra, que se destinará para el pago de servicios de educación, salud, vivienda, nomina gubernamental y pensiones entre otros servicios.

Si añadimos que las proyecciones de población que tenemos es de un millón menos de habitantes, eso significa menos consumo. Y si a eso le sumamos que la población envejecerá, es decir, será menos productiva y más dependiente, entonces debemos concluir que los recaudos serán cada vez menores. Por tanto, los pagos comprometidos para los bonistas reducirán la capacidad del gobierno para proveer servicios al pueblo.

Como si fuera poco, se anticipa que otros bonistas reclamen igual trato que el que se le dio a COFINA, para hacer con ello millones de ganancias a costa de privar al pueblo de una vida digna.

En fin, que al pueblo se nos reduce la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, las pensiones… y así ¡NOS QUITAN LA VIDA!!!!

Por eso no podemos quedarnos sin expresarnos ante el asalto que representa para el pueblo este acuerdo. Tenemos que acompañar las argumentaciones legales con una contundente protesta el miércoles 16 de enero de 2019 frente al Tribunal federal.

Por nuestros derechos, los de nuestras familias. ¡Por la Vida misma!