Recientemente PROSOL UTIER firmó acuerdos con los municipios de Arroyo y Patillas para garantizar a empleadas de enfermería cobrar el salario correcto. Así logramos justicia salarial y mejorar sustancialmente la calidad de vida de estas compañeras.

Actualmente llevamos conversaciones con los abogados de ambos municipios para resolver reclamaciones radicadas en la Comisión Apelativa y que mediante el dialogo podamos resolverlas.

Por otra parte, PROSOL UTIER mantiene reclamaciones de salarios por diversas causas en los municipios de Utuado, Añasco y Lajas. También impugnamos acciones disciplinarias de miembros en Guánica, Ciales, Arecibo y Añasco.

Próximamente radicaremos reclamación por discrimen contra empleados despedidos en Utuado y estamos al pendientes de las cesantías en el municipio de Cidra.

Este trabajo legal se complementa con la representación sindical que día a día hacemos en estos municipios. En los centros de trabajo correspondientes al Instituto de Cultura Puertorriqueña tenemos varios asuntos ante el Comité de Conciliación. El patrono de la Oficina de Comunidades Especiales ha trasladado ilegalmente y en contra del convenio a varios empleados. El caso ha sido radicado como una práctica ilícita.

En el Procurador del Veterano, tenemos una reclamación de salario en favor de toda la matrícula.

El taller correspondiente a la Autoridad de Carreteras mantiene decenas de casos ante la Junta de Relaciones del Trabajo y el Negociado de Arbitraje, siendo este taller uno de lo que más atención de reclamaciones tiene.

Felicitamos a nuestro equipo de asesores legales por su trabajo de excelencia con el que estamos comprometidos.

Empleados municipales afiliados a PROSOL UTIER reclamaron a sus respectivos municipios información sobre el uso del herbicida glifosato (RounUp), un contaminante fabricado por la compañía Monsanto y que recientemente un tribunal de California declaró causante del cáncer que padece un empleado de ese estado expuesto como parte de su trabajo a ese contaminante. El tribunal condenó a Monsanto a pagar $289 millones por la condición causada al obrero.

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La emergencia que alegan los alcaldes no existe. Mientras alegan tener que reducir el salario a empleados regulares, por otro lado contratan empleados transitorios, gastan en festivales, fiestas patronales y otorgan un trato preferencial a empleados de confianza, contratos y otros.

Sostenemos que la emergencia no existe, que la realidad es que es un asunto de administración y prioridades. Por el contrario, invocar una crisis ficticia se presta para discriminar y perseguir a empleados.

La impugnación se dio mediante la radicación de apelaciones ante la Comisión de Apelaciones del Servicio Público. No descartamos radicar una demanda en los tribunales del país.