La emergencia que alegan los alcaldes no existe. Mientras alegan tener que reducir el salario a empleados regulares, por otro lado contratan empleados transitorios, gastan en festivales, fiestas patronales y otorgan un trato preferencial a empleados de confianza, contratos y otros.

Sostenemos que la emergencia no existe, que la realidad es que es un asunto de administración y prioridades. Por el contrario, invocar una crisis ficticia se presta para discriminar y perseguir a empleados.

La impugnación se dio mediante la radicación de apelaciones ante la Comisión de Apelaciones del Servicio Público. No descartamos radicar una demanda en los tribunales del país.

La amenaza de perder sus empleos persigue a miles de empleados municipales cuando se anuncia el posible cierre de decenas de municipios. La realidad para los trabajadores municipales es de total incertidumbre. Reciben un trato desigual, sujeto a los criterios del alcalde, dentro del propio municipio, entre municipios y en comparación con los empleados estatales, aun cuando son parte de un sistema de personal sobre las mismas bases legales, el llamado principio de mérito.