San Juan, PR - Al cumplirse un año del anunciado cierre de las agencias de transportación terrestre (Autoridad de Carreteras, Tren Urbano y Autoridad Metropolitana de Autobuses) por parte del gobierno, la amenaza de pérdidas de empleo, salarios y beneficios marginales persiste para los empleados de estas agencias mientras para los contratistas privados todo es una oportunidad para hacer negocios. A finales del mes de noviembre de 2014, Miguel Torres, junto a funcionarios de ACT, AMA y el Tren Urbano anunciaron el cierre de estas agencias ante la alegación de falta de fondos y la urgencia de aprobar legislación para allegar fondos que permitieran una emisión de bonos. Sin embargo, a pocas horas del cierre anunciado, sin la aprobación de legislación alguna, el gobernador Alejandro García Padilla revocó la orden de cierre hasta el presente.
“La credibilidad del gobierno y sus funcionarios quedó en entredicho por los propios actos de estos” opinó Lissette Barreto Pérez, Presidenta del Programa de Solidaridad UTIER, Capítulo de la Autoridad de Carreteras y Transportación. “Alegaron que no había fondos para operar y hasta hoy la operación continuó sin emisión de bonos. Impusieron un nuevo arbitrio a la gasolina y derivados del petróleo para justificar la emisión de bonos y esta no ocurrió. Todos preguntan dónde fue a parar y para qué se usa el dinero de la “crudita”, añadió la líder sindical.
