Receta para Oficina de Comunidades Especiales

Oficina de Comunidades Especiales

San Juan, PR - Nuestra organización sindical, Programa de Solidaridad UTIER, PROSOL UTIER, representa a los Trabajadores y Trabajadoras unionados de la Oficina de Comunidades Especiales. En representación de los 130 Trabajadores y Trabajadoras despedidos en mayo de 2010 por la Ley 7 y las políticas dirigidas a destruir la Oficina de Comunidades Especiales, reclamamos hoy al gobernador, Lic. Alejandro García Padilla:

Primero: Se asigne el presupuesto necesario para que la Oficina de Comunidades Especiales pueda cumplir con la misión de la agencia según se establece en la Ley Número 1, mejor conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”. Esta ley fue firmada el 1 de marzo de 2001, con el propósito de lograr el desarrollo integral de las comunidades pobres del país. El presupuesto que necesita la agencia para funcionar responsablemente no puede ser menor a los 10 millones de dólares por año fiscal.

Segundo: Se reafirme la misión y visión de la Oficina de Comunidades Especiales de Puerto Rico, dirigida a promover la creación de condiciones que permitan resolver el grave problema de marginalidad que existe en las Comunidades Especiales, estimulando la participación activa de sus residentes para el mejoramiento de su calidad de vida.

Como consecuencia la Oficina debe proveer a las Comunidades Especiales designadas, los mecanismos y herramientas necesarias para continuar mejorando su calidad de vida a través del apoderamiento comunitario y la autogestión”.

Tercero: Se nombre al personal necesario para cumplir la misión y objetivos de la Ley. Al finalizar el 2004, la Oficina contaba con un total de 214 puestos permanentes y 20 puestos de confianza. De éstos, 189 puestos permanentes estaban ocupados. Al finalizar el 2008, estaban vacantes 68 puestos permanentes y estaban ocupados 144 puestos. Actualmente, luego del desmantelamiento provocado por la Ley 7, la agencia tiene una docena (12) de empleados unionados para hacer el trabajo en 742 comunidades especiales. Reclamamos se nombren no menos de 100 puestos dirigidos a la organización comunitaria y el desarrollo socioeconómico y el personal de apoyo necesario.

Cuarto: Respaldar el adiestramiento y la capacitación del liderato comunitario como base para fortalecer las estructuras y herramientas para la organización comunitaria en las comunidades especiales atendidas a través del programa.

Se tiene que crear conciencia de la naturaleza comunitaria, el ejercicio del liderazgo y rol del voluntariado para ofrecer y lograr la capacitación y el adiestramiento de una forma integral. Los adiestramientos deben ir dirigidos a residentes de comunidades especiales, a servidores públicos que apoyen el desarrollo comunitario y a profesionales del sector de servicios comunitarios, de organizaciones de base comunitaria y de empresas con responsabilidad social.

Quinto: Se firmen las demandas económicas negociadas y acordadas en el convenio colectivo para los años 2013 y 2014. Estas demandas proveen aumentos de salario de $150.00 mensuales, aumento en la aportación patronal al plan médico ($50.00) y bono de Navidad ($100.00).

Estas cinco demandas son necesarias para un trabajo que impactará positivamente la prevención y solución de problemas sociales y económicos a más de la mitad de nuestra población con una inversión mínima de recursos fiscales. Instamos al Sr. Gobernador a hacer buena su palabra de cambio, a revertir los nefastos efectos de la Ley 7 y a devolver a los empleados públicos la confianza de que sus derechos van a ser respetados.