Trabajadores reclaman a legisladores que investiguen cesantías improcedentes en Municipio de Cidra

Municipio de Cidra

San Juan, PR - Noventa empleados despedidos por el municipio de Cidra el 30 de junio de 2018, acudieron al Capitolio para exigir a los Presidentes de Cámara y Senado que investiguen la cesantía de un total 184 trabajadores. Solicitaron a los cuerpos legislativos que aprueben la R de la C 985, radicada el 25 de mayo de 2018, la cual daría paso a la investigación del cuestionable proceso de cesantías que aplicó el Municipio de Cidra y su alcalde, Javier Carrasquillo Cruz.

Los trabajadores cesanteados indicaron que según el municipio, las cesantías fueron producto de evaluaciones de desempeño realizadas en marzo de 2018. Sin embargo, esas evaluaciones, que cubren un periodo menor a un año, provocaron el despido de empleados de mayor antigüedad, aun cuando éstos tuvieron mejor evaluación que los que fueron dejados en sus puestos, muchos de ellos transitorios, mientras se despidieron a empleados permanentes.

Los empleados despedidos acusaron al alcalde de negarse a considerar otras alternativas de ahorro previo a los despidos, como la reducción de jornada, licencias sin sueldo, reubicación de personal, readiestramientos y retiros incentivados, entre otras. Argumentaron que mientras el alcalde insistió en que las cesantías fueron su única alternativa para ahorrar gastos, datos del Registro de Contratos de la oficina del Contralor evidencian que en los primeros 25 días del nuevo presupuesto, Carrasquillo otorgó 14 contratos de servicios profesionales por la suma de $392,536.42 dólares. Y que además, el 21 de junio de 2018, traspasó $100,000.00 a la corporación municipal “Cidra Investments and Management, Inc.”, para que ésta sustituyera los servicios de emergencias médicas y manejo de emergencias; a la que a su vez le concedió de manera gratuita el uso de ambulancias, equipo médico, espacio de oficinas, servicios de agua, electricidad, estacionamientos, telefonía e internet sin costo alguno para la corporación.

Con esos datos los empleados desplazados demostraron que con el esquema de traspasar servicios municipales a una corporación municipal que funciona como empresa privada y con la otorgación de nuevos contratos de servicios, el municipio no tenía necesidad en decretar las cesantías.

Al momento, los empleados despedidos han radicado recursos legales al respecto ante el Tribunal Superior de Caguas y la Comisión Apelativa del Servicio Público.