Noticias

San Juan, PR - “La historia y lucha por la organización sindical de los empleados públicos en los municipios se inició hace más de seis décadas. Es una lucha de altas y bajas, donde la política partidista ha sido el mayor escollo para hacer justicia a los trabajadores y trabajadoras’’ expresó Luis Pedraza Leduc, Coordinador del Programa de Solidaridad UTIER, al reaccionar al anuncio de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto sobre la sindicalización en el municipio de San Juan.

“La aprobación de la ley de los empleados irregulares para reconocer su permanencia en el 1950 y la aprobación de la ley de organizaciones bonafide en el 1961 son ejemplos de logros alcanzados antes las injusticias cometidas. A partir del 1970 se desarrollaron importantes proyectos organizativos en los municipios, destacándose la Unión Bonafide de Empleados Municipales, UBEM, dirigida por el compañero Pedro Solís, hoy fallecido”, añadió Pedraza Leduc.

Leer más: La organización sindical en San Juan, más que...

San Juan, PR- El Programa de Solidaridad de la UTIER, PROSOL UTIER, apoya la aprobación de los Proyectos del Senado dirigidos a eliminar la Oficina de Administración de las Procuradurías, OAP y regresar al estado de procuradurías por separado que existía antes del 2011. Como organización que representa a los empleados unionados de la Oficina del Procurador del Veterano desde el año 2003 podemos afirmar que la OAP no representa menos burocracia, economía o agilidad en los procesos. Para los trabajadores, la OAP ha significado el intento de eliminar derechos sindicales mediante la no negociación de convenios, el entorpecimiento de los procesos de representación sindical y la violación de los derechos sindicales de los empleados. Coincidimos con los informes de las Comisiones del Senado en cuanto a que se han afectado los servicios a las poblaciones a quien se debe servir en cada Procuraduría. La creación de esta Oficina está ligada a la reducción de personal que mediante la Ley 7 se aprobó en el 2009 y los intentos de controlar políticamente agencias de servicios. La legislación que se propone debe garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras mediante el fortalecimiento de la negociación colectiva. Así mismo tiene que eliminarse la política partidista de los centros de trabajo. En el caso de la Oficina del Procurador del Veterano, OPV, con la aprobación de estas leyes debe asignarse una cantidad mayor de presupuesto para lograr las metas de la agencia. Esto permitiría que Puerto Rico obtenga, para la población de veteranos y veteranas, mayores beneficios económicos. Los mismos pueden ser estimados en más de 10 millones de dólares con una inversión de un millón de dólares adicionales al presupuesto.