DECISIÓN DE JUEZA TAYLOR SWEIN CONDENA AL PUEBLO A LA MISERIA

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(San Juan, Puerto Rico- 6 de febrero 2019)- “Si es bueno para los bonistas, no es bueno para Puerto Rico y su gente”. Así lo aseguro Luis Pedraza Leduc, Coordinador del Programa de Solidaridad UTIER, al reaccionar a la decisión de la Jueza federal Laura Taylor Swain con relación a su aprobación del Acuerdo y el Plan de Ajuste de Deuda para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), sometido por los bonistas y la Junta de Control Fiscal (JCF) en diciembre de 2018, el cual contó con el aval del gobierno de Ricardo Rosselló.


PROSOL UTIER presentó en la vista en el Tribunal federal el pasado 16 de enero una objeción a ese Acuerdo y Plan de Ajuste de Deudas de COFINA basado en tres argumentos fundamentales. Primero, que el Plan de Ajuste no garantiza fondos suficientes para cubrir el pago de pensiones; segundo, que ese Plan no es en el mejor interés del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y tercero, que el plan no cumple con los requisitos que establece la Ley PROMESA para su confirmación, en específico el garantizar los servicios esenciales. Esas objeciones fueron validadas por un estudio del economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayaguez, José Alameda, el cual le fueron entregado a la jueza Taylor Swein en la vista.


El dirigente obrero destacó que, “en la presentación ante el Tribunal del estudio económico de Alameda, la jueza no quiso admitirlo como evidencia para evitar confrontarse con argumentos científicos y documentados que de ser considerados no permitirían validar el acuerdo”. Acusó a la Jueza de “descarrilar un proceso serio para convertirlo en una decisión acomodada al propósito de la Ley PROMESA y al cobro de la deuda sin importar las consecuencias sociales y económicas que serán nefastas para el pueblo”.


Pedraza Leduc detalló que “el estudio de Alameda señaló como error de la JCF el asumir que la economía va a crecer basado en fondos federales por el desastre del Huracán María que no serán recurrentes, proyectar aumentos en el recaudo del IVU sin considerar la baja en la población debido a la emigración, obviar los hallazgos del Plan Fiscal que reconocen un déficit de ingresos desde el año fiscal 2034 hasta el 2058; y el impacto que tendrá esa reducción en el recaudo, debido a la reforma contributiva propuesta”.

 

Por ello, Pedraza Leduc enfatizó que “la decisión de la jueza sobre COFINA no representa nada positivo para el país. Por el contrario, es una sentencia hacia la miseria, pone en riesgo las pensiones de los jubilados y limita los servicios esenciales que el gobierno debe garantizarle al pueblo”.


Indicó además que “la reciente revocación por parte del Tribunal federal a una decisión de la jueza Taylor Swein, que implicaba aumentar la deuda en más de tres millones, es un elemento que demostró cómo se continúan comprometiendo los limitados ingresos del país en favor de los bonistas y en contra del pueblo”. Lo cual, argumentó, que “de cara a julio de 2019 se intentarán comprometer aún más en favor de una deuda ilegal, no auditada, que no debe reconocerse como legítima ni debe ser pagada por el pueblo de Puerto Rico.”


Para PROSOL UTIER, indicó Pedraza Leduc, “el aval del Tribunal era previsible y demuestra una vez más la necesidad de que el pueblo exprese contundentemente su oposición a la Ley PROMESA y al pago de una deuda que cada día aumentará en perjuicio de las pensiones, los empleos de los trabajadores, los servicios de educación, salud, vivienda y protección social, entre muchos otros que continuarán en deterioro de nuestra vida”.